Por Jacobo Dayán
Tw. @dayan_jacobo
“La tortura y otros malos tratos están fuera de control en México”, de esta forma nos califica Amnistía Internacional. Tan sólo en 2013, el número de denuncias creció 600% con respecto a 2003 según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). De 2010 a 2013, la CNDH recibió más de 7 mil quejas por torturas y otros malos tratos, a esta cifra habría que sumar las denuncias recibidas en las comisiones estatales de Derechos Humanos y los casos no reportados (esta es la cifra mayor de todas). En resumen, el problema es escandaloso.
En 1997, el 26 de junio fue designado por Naciones Unidas como Día internacional en apoyo a las víctimas de tortura, en México no tenemos nada de que sentirnos orgullosos.
Somos una sociedad que ha tolerado la tortura y por otro lado, 64% de los mexicanos tenemos miedo de ser víctimas en caso de ser detenidos, según lo muestra una encuesta de Amnistía Internacional.
Si son alarmantes las cifras lo es también el patrón de impunidad. México es un país con miles y miles de torturados y con sólo siete casos que terminaron con sentencia a nivel federal. Las organizaciones de la sociedad civil que trabajan el tema de tortura están rebasadas. No hay voluntad, y al parecer tampoco capacidad, por parte de las instituciones del Estado para atajar este problema. Incluso menos del 1% de los casos de víctimas de violaciones de derechos humanos, incluidos casos de tortura, han terminado con una recomendación pública de la CNDH.
La mayoría de los casos se presenta en las primeras horas después de la detención. Las técnicas son recurrentes y sistemáticas sin importar la región del país y el tipo de autoridad (desde policía local hasta ejército, pasando por todos los cuerpos de seguridad), asfixia, golpes, simulacros de ejecución, violencia sexual, amenazas de muerte y descargas eléctricas.
Hace un par de meses, el Relator de la ONU sobre tortura presentó una serie de recomendaciones para abordar este problema que definió para nuestro país como “generalizado” y donde impera la impunidad. La respuesta oficial fue descalificar al Relator. Vieja práctica de acusar al mensajero y no hacer caso del mensaje. Lo mismo había ocurrido con los informes sobre desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales, el gobierno mexicano pretende cambiar la realidad con discurso. Imposible, se puede intentar controlar a parte de la prensa, se puede enredar la discusión con discursos, pero el grito de las víctimas, el trabajo de organizaciones no gubernamentales, la presión internacional y sectores de la sociedad cada vez más críticos, aunque insuficientes, han arrinconado al gobierno que no ha actuado decididamente pero sí se ha conseguido evidenciar la falta de capacidad y voluntad.
La responsabilidad pasa por el Presidente de la República, los gobernadores, los legisladores que continúan sin aprobar una Ley de tortura (solo el DF la tiene) y el poder judicial que se encuentra rebasado y actúa como cómplice.
¿Podemos seguir pensando que no pasa nada? Vivimos una grave crisis humanitaria en el país, la clase política lo sabe, ¿hará algo algún día?
Jacobo Dayán es experto en Derecho Humanos, historia mundial contemporánea, genocidios y relaciones internacionales. Actualmente es conductor del programa Así las cosas que se transmite por W Radio. Síguelo en @dayan_jacobo
