Miguel Ángel Mancera
Jefe de Gobierno de la Ciudad de México
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¿Cómo empezó?
• La Asamblea Constituyente es la encargada de discutir, modificar y votar el proyecto de Carta Magna del jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera.
• En el apartado C, numeral 7 del artículo 21 de dicho proyecto, se establecía que al gobierno capitalino le correspondían todos los incrementos de valor del suelo derivado del proceso de urbanización.
• ¿O sea? Que si el gobierno capitalino decidía invertir en la zona en la que vives con proyectos y transporte, más adelante, si tú tuvieras la disposición de vender tu casa o departamento, el gobierno local se quedaría con la plusvalía generada.
• Al revisar el artículo 21 del proyecto de Mancera, el Constituyente consideró que tenía fines confiscatorios y que se pretendía crear un nuevo impuesto, a lo que Mancera respondió que se trató tan sólo de un error de redacción.
• El costo político nadie lo quiere, por lo que el pasado martes el jefe de Gobierno anunció su solicitud al Constituyente para sustituir el polémico fragmento del artículo 21 por lo contenido en el artículo 122 de la Constitución federal.
¿Fue un error de redacción? Éste es el artículo 21:
• Los incrementos en el valor del suelo derivados del proceso de urbanización, se considerarán parte de la riqueza pública de la ciudad. El Gobierno de la Ciudad de México establecerá los instrumentos para su recuperación, considerando: la distribución equitativa de las cargas y beneficios que imponga el ordenamiento territorial; su aplicación equitativa en beneficio de la población de menores ingresos, su destino a la zona que los genera y a las áreas más degradadas de la ciudad, y facilitar el acceso al suelo y el mejoramiento del hábitat y la vivienda social.
• La discusión no paró ahí, ayer la Comisión de Desarrollo Sostenible del Constituyente decidió ‘tirar de la discusión de la Carta Magna de la capital el apartado C, numeral 7 del artículo 21, al asegurar que el cobro de impuesto debe ser para las inmobiliarias y no para los capitalinos.
• No sólo eso, la Asamblea Legislativa local decidió también modificar el artículo 94 de la recién aprobada Ley de Vivienda, el cual establecía el cobro de plusvalía en las zonas de desarrollo urbano
• De acuerdo con el artículo, el gobierno local debía implementar y generar los mecanismos para el cobro de plusvalías; el encargado de administrar el dinero sería la Secretaría de Finanzas, quien destinaría cierta parte al Instituto de Vivienda para impulsar la construcción de vivienda popular y de interés social.
• Finalmente, la propuesta del jefe de Gobierno no prosperó y lo que valga tu propiedad, con todo e inversión del gobierno capitalino, será para ti.
